Según La Vanguardia, eso se haría a través de la resolución del recurso presentado en su día por el gobierno de España ante la posibilidad de investidura a distancia del presidente Puigdemont que el TC decidió impedir a pesar de no tomar ninguna decisión acerca de la admisión o no a trámite del recurso. Y para que admitirlo claro, si de hecho, ya se resolvió el fondo de la cuestión sacándose de la chistera una medidas cautelares que no están contempladas en la legislación por ningún lado e imponiéndo el requisito del permiso del juez para ejercer un derecho. Que haya que pedir permiso para ejercer un derecho ya lo dice todo sobre el rigor jurídico de la resolución.
No obstante, La Vanguardia también aclara que eso se haría refiriéndose de manera exclusiva al candidato Puigdemont. Veremos, pues. Se supone que la cuestión ser resolvería impidiéndole personarse ante la cámara. Cosa que, anticipan, le será denegada. Brunet sentencia: Y dichas posibilidades son muy escasas, por no decir que son más que nulas". Así pues, quien debe hacerlo imposible es el juez Llarena, con el Tribunal Constitucional marcando el camino.
El despropósito de este desprestigiado órgano del régimen español es máximo. Después de haber modificado el Estatuto de Autonomía aprobado en referéndum por el pueblo catalán el junio de 2006 bajo la presidencia de Pasqual Maragall, este órgano va ya sin frenos cuando se trata de impedir que el pueblo catalán decida sobre si mismo y hasta se ve ya capaz de decidir quién puede ser elegido presidente por la cámara catalana aún cumpliendo con todos los requisitos estatutarios.
Al respecto de esta cuestión se ha pronunciado el profesor de derecho constitucional de la Universidad de Sevilla Javier Pérez Royo en el diario digital eldiario.es en un artículo titulado "Prevaricación contra la democracia". El título ya habla por si solo. Así lo dice, textualmente: "Con la Constitución Española no es posible impedir que Jordi Sánchez acuda al Parlament para la sesión de investidura". De hecho, habla aún más claro y sin pelos en la lengua señalando que, impidiendo el derecho al sufragio pasivo implicaría un delito de prevaricación. Y que Jordi Sánchez podría, obviamente, querellarse contra el juez por prevaricación y pedir la nulidad de todo el procedimiento. Esto sería una posibilidad, claro está, aunque también es cierto que el nivel de confianza en la justicia española, en que esta de ajusta a los principios legales y en su independencia está más bien derrumbado. Y ya sólo quedaría, de nuevo el TEDH de Estrasburgo que dice la suya unos cuantos años después.
En la misma línea, el profesor Joaquín Urías, también de la Universidad de Sevilla, ha puesto asimismo de relieve que no hay base legal para impedir la elección de Jordi Sánchez como presidente de Cataluña.
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